Padres de alumnos, sindicatos y colegios privados están en guerra contra el modelo educativo de la Comunidad de Madrid. El objetivo son los centros concertados. Las cuotas voluntarias que, sin embargo, obligan a pagar a sus alumnos por conceptos como las actividades extraescolares o los uniformes (aquí se llega a incluir bañadores o corbatas) son el principal motivo de queja. Mientras que sindicatos y oposición lo consideran “privatización encubierta” y acusan a la Consejería de Educación de hacer la vista gorda, las escuelas privadas solicitan que el Gobierno de Esperanza Aguirre potencie la educación pública ya que, en su opinión, el sistema actual fomenta la “competencia desleal” por parte de los colegios concertados.

Eduardo Sabina, responsable de Acción Social del sindicato FETE-UGT en Madrid, añade a Estrella Digital que también se trata de “competencia desleal para la pública”. Por ello, opina que se tendría que retirar el concierto a los centros que obliguen al pago de cuotas. La alternativa sería que la Administración asuma el gasto: “La aportación debe ser suficiente para que cubra todo”, afirma.

La diputada regional Eulalia Vaquero, portavoz de Educación de IU, ha denunciado en la Asamblea madrileña que las cuotas obligatorias están “expresamente prohibidas por ley”. Aun así, según ella, el 90% de los colegios obligan a pagarlas como requisito para matricular al alumno en el centro. Eduardo Sabina dice que las cantidades llegan a ser de unos 300 euros mensuales. Esto, además, sirve de filtro para que las familias de pocos recursos económicos opten por matricular a sus hijos en centros públicos, lo que supone “segregación económica”, según Sabina. Como estas familias son en su mayoría inmigrantes o de etnia gitana, esta práctica acaba derivando en un modo de segregación racial.

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Por su parte, la Consejería ha ampliado en este ejercicio presupuestario las exenciones fiscales a las familias con alumnos centros privados para compensar por el dinero que ahorran en educación al Estado. Esto ya estaba vigente para las familias con hijos en colegios concertados de la Comunidad de Madrid, que pueden desgravar los gastos de escolaridad en la declaración de IRPF y recibir ayudas para la compra de uniformes.

Oposición y sindicatos consideran que esta manera de actuar forma parte del proceso de privatización encubierta de la enseñanza en Madrid, donde, según los críticos con estas medidas, se acabará dejando la escuela pública para las familias sin recursos o para los alumnos con problemas. Como sucede en Estados Unidos.

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Mercedes Díaz Massó, diputada regional por el PSOE, denunció en la Asamblea de Madrid que estas deducciones suponen un "regalo fiscal que beneficia a las rentas más altas", ya que aportarán 900 euros por hijo a familias con ingresos "de hasta 30.000 euros por miembro de la unidad familiar". En respuesta, Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda, acusó a los socialistas de dar por sentado que exista “una parte de la ciudadanía que paga impuestos y que no tiene derecho a que la Administración le compense por parte de esos impuestos”.

Díaz Massó alertó de que, con esta medida, la Comunidad de Madrid "va a dejar de ingresar en torno a 90 millones de euros, con los que podrían construirse las escuelas infantiles que hacen falta en la región". FETE-UGT también reclama que se dediquen más recursos a la educación pública. En este sentido, denuncian que las ayudas para material escolar y libros de texto “alcanzan a menos del 30% de la población escolar no universitaria, además de que no cubren ni el 50% del gasto medio de una familia”. Y recuerdan que en otras Comunidades Autónomas se financia el total de este gasto. De igual forma, señalan que los fondos para transporte, rutas y alumnos transportados se han reducido en un 10%.

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